05 de enero de 2025 — América Latina. La región continúa dando pasos importantes en la construcción de un marco normativo robusto en ciberseguridad y protección de datos, áreas críticas en un mundo digital cada vez más interconectado. En este contexto, varios países han intensificado sus esfuerzos legislativos para adaptarse a los desafíos emergentes y garantizar la seguridad de los datos personales de sus ciudadanos.
En Chile, el Proyecto de Ley Marco de Ciberseguridad y Protección de Infraestructuras Críticas avanza en el Congreso tras intensas negociaciones entre el gobierno, expertos en tecnología y sectores empresariales. Este proyecto busca establecer estándares nacionales obligatorios en materia de ciberseguridad, incluyendo la designación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad como entidad encargada de coordinar y supervisar la implementación de políticas y normativas en la materia. Una de las novedades del proyecto es la incorporación de un marco sancionatorio más estricto, que prevé multas significativas para empresas que incumplan con los protocolos de seguridad, especialmente en sectores sensibles como banca, salud y telecomunicaciones. Además, introduce requisitos específicos sobre la gestión de incidentes de seguridad, que incluyen plazos máximos para notificar vulneraciones de datos a las autoridades competentes y a los usuarios afectados.
Protección de datos: una prioridad global En paralelo, la región está siguiendo el ejemplo del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, con iniciativas que refuerzan el control de los ciudadanos sobre su información personal. Por ejemplo, Argentina trabaja en la actualización de su Ley de Protección de Datos Personales para alinearla con estándares internacionales, mientras Brasil fortalece la aplicación de su Ley General de Protección de Datos (LGPD) mediante nuevas resoluciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD). En Chile, la reforma a la Ley N° 19.628 busca integrar elementos como el derecho al olvido, la portabilidad de datos y el consentimiento informado, garantizando que los ciudadanos tengan mayor control sobre el uso de su información personal.
Ciberseguridad como pilar de la transformación digital El crecimiento exponencial de ciberataques en América Latina ha acelerado la necesidad de estas leyes. Según un informe reciente de la firma de ciberseguridad Kaspersky, la región registró más de 6 mil millones de intentos de ataques informáticos en 2024, siendo el ransomware y el phishing las amenazas más recurrentes. Este panorama ha evidenciado la vulnerabilidad de infraestructuras críticas, como hospitales y sistemas de transporte, impulsando a los gobiernos a priorizar la ciberseguridad como un componente esencial de sus estrategias de transformación digital.
¿Qué sigue? El gobierno chileno también ha iniciado campañas de concienciación y capacitación dirigidas a pequeñas y medianas empresas (pymes), un sector que ha sido particularmente vulnerable ante los ataques cibernéticos. Estas iniciativas incluyen talleres gratuitos y recursos en línea para fortalecer sus sistemas de seguridad digital.
Por otro lado, se están estableciendo alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación para fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías de protección y capacitar a una nueva generación de expertos en ciberseguridad. Estas acciones buscan no solo mitigar los riesgos actuales, sino también preparar al país para enfrentar los desafíos del futuro.
“En comparación con la legislación anterior, el actual proyecto ha incrementado en un 40% las disposiciones regulatorias relacionadas con la protección de infraestructuras críticas y la gestión de datos. Este aumento refleja la necesidad urgente de adaptar el marco normativo a las nuevas amenazas digitales que enfrenta el país.”
Se espera que en los próximos meses, los avances en esta legislación marquen un antes y un después en la protección de los ciudadanos y las empresas frente a los riesgos cibernéticos. Sin embargo, expertos advierten que una normativa eficaz debe ir acompañada de campañas de concienciación ciudadana, mayor inversión en tecnologías de seguridad y colaboración público-privada para prevenir incidentes. A medida que estas leyes entren en vigor, América Latina podría convertirse en un referente global en la implementación de políticas integrales de ciberseguridad y protección de datos, sentando las bases para un ecosistema digital más seguro y confiable.
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